1 La coartada de los pagos puntuales que nunca existieron
Gálvez afirmó en su comunicado: «Durante mi administración, los VCN y los bonos se pagaron puntualmente todos los meses». La declaración es incompatible con al menos tres decisiones oficiales que se tomaron precisamente por la ausencia de esos pagos.
La Bolsa de Valores de Panamá suspendió la negociación de las tres emisiones de R.G. Hotels por impago. La empresa —ya bajo la administración de Ricardo Bonilla— comunicó formalmente que no abonaría los intereses del bono VCN Serie E, valorado en $11 millones. Y la Superintendencia del Mercado de Valores ordenó la suspensión indefinida de los bonos por $30 millones tras constatar que los estados financieros presentados durante la gestión de Gálvez no reflejaban la realidad de la compañía.
Si Gálvez hubiera cumplido con los pagos, ninguna de esas tres medidas existiría. La suspensión bursátil, el cese de pagos y la intervención del regulador no ocurren contra empresas que honran sus obligaciones: ocurren contra empresas que dejaron de hacerlo, y este cese de pagos generalizado fue precisamente el fundamento de la declaratoria judicial de quiebra.
2 El argumento de que nadie le notificó
En su comunicado, Gálvez sostuvo que «nunca recibió comunicaciones formales sobre irregularidades». La afirmación es irrelevante desde el punto de vista jurídico y fáctico, porque las irregularidades detectadas no fueron cometidas por un tercero que debiera notificarle: fueron ejecutadas bajo su propia presidencia.
Los hallazgos de la nueva administración —balances adulterados, ocultamiento de la condición de quiebra, segregación ilegal de áreas comunes del PH Ibiza Coronado— corresponden al período en que Gálvez dirigía la empresa. La administración entrante, encabezada por Ricardo Bonilla y respaldada por Guardian Financial Group y VeraGold Panamá, reportó ante la SMV haber encontrado «irregularidades y posibles fraudes» en los estados financieros heredados de la era Gálvez. No se trató de una auditoría rutinaria: fue una comunicación formal ante el regulador del mercado de valores panameño.
El presidente de una compañía no puede alegar que nunca le avisaron de lo que él mismo autorizó, firmó u ordenó. Si los balances eran falsos y las áreas comunes fueron segregadas sin consentimiento de los copropietarios, Gálvez estaba en la cima de la cadena de mando cuando ambas cosas ocurrieron.
3 La venta de octubre de 2014: una transacción que ocultó la quiebra
Gálvez ha insistido en que vendió la empresa en octubre de 2014 y que, por tanto, no es responsable de lo que ocurrió después. Sin embargo, el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil de Coclé declaró la quiebra comercial evidente de R.G. Hotels con retroacción al 31 de julio de 2012. Es decir, Gálvez traspasó una empresa que ya llevaba más de dos años en estado de insolvencia judicial sin revelar ese hecho a los compradores.
Además de la quiebra, Gálvez omitió informar que había segregado unilateralmente las áreas comunes del PH Ibiza Coronado —piscina, lobby-bar, terrazas— y las había utilizado como garantía para obtener un préstamo estatal de $5 millones de la Caja de Ahorros. Esos bienes no le pertenecían: eran propiedad colectiva de más de 1,400 familias que pagaron por sus apartamentos de buena fe.
Cuando el sistema colapsó y los bonos quedaron impagos, Gálvez publicó que los nuevos dueños buscaban «devaluar a los tenedores de bonos para una compra a descuento». Pero el valor de esos títulos ya estaba destruido antes de la venta, precisamente porque los estados financieros que los respaldaban eran los que la SMV calificaría como falsos y porque la empresa ya se encontraba en quiebra judicial mientras él seguía captando dinero de los inversionistas.
