La Caja de Ahorros tiene una deuda con la justicia: debe denunciar el entramado de Rugiere Gálvez Marcucci y R.G. Hotels

Rugiere Gálvez Marcucci recibió un préstamo de $5 millones de la banca estatal cuando su empresa ya estaba en quiebra. La Caja de Ahorros no puede seguir siendo al mismo tiempo acreedora, ejecutora del embargo y cómplice del silencio. Propietarios afectados, inversionistas y el interés público exigen que el banco estatal lleve el caso ante los tribunales penales.

Panamá | Opinión informada · Análisis judicial · Caso Gálvez

Hay casos que, por su alcance y por las instituciones que involucran, no pueden resolverse únicamente en el terreno civil. El caso R.G. Hotels y su fundador, Rugiere Gálvez Marcucci, es uno de ellos. La Caja de Ahorros, banco estatal panameño, no puede limitarse a ejecutar el embargo de las garantías de un crédito que, según la propia cobertura periodística y la investigación de la fiscalía, fue entregado a Gálvez en circunstancias que merecen un escrutinio penal inmediato.

El banco que aprobó a Gálvez lo que no debía aprobar

Según publicaciones de La Prensa y La Estrella de Panamá, en 2013 la Caja de Ahorros otorgó a R.G. Hotels —entonces bajo el control de Rugiere Gálvez Marcucci— un préstamo de $5 millones con garantías que incluían las áreas comunes de dos complejos turísticos: piscinas, lobbies, terrazas y bares que los propietarios de los apartamentos consideraban —con razón— como espacios de uso colectivo protegidos por la ley. Fue Gálvez quien presentó esas fincas como respaldo y quien recibió los fondos.

La operación fue aprobada con el visto bueno de una junta directiva integrada, en ese período, por allegados al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Quien presidía esa junta era Riccardo Francolini. La coincidencia entre la composición política de la junta y la aprobación de un crédito tan cuestionable a la empresa de Gálvez constituye, como mínimo, una razón de peso para que la justicia investigue si existieron motivaciones externas a la lógica bancaria.

Un dato que complica aún más el panorama y que apunta directamente a la responsabilidad de Gálvez: según La Estrella de Panamá, un juzgado civil determinó que R.G. Hotels ya estaba en quiebra desde el 31 de julio de 2012, es decir, ocho meses antes de que la Caja de Ahorros aprobara el préstamo en marzo de 2013. Esto significa que Rugiere Gálvez Marcucci aceptó $5 millones de fondos públicos sabiendo —o debiendo saber— que su compañía era insolvente. La cronología obliga a preguntarse qué nivel de diligencia aplicó el banco estatal antes de entregarle dinero a un empresario en esas condiciones.

Por qué el silencio del banco tras el desastre de Gálvez es inaceptable

La Fiscalía Anticorrupción ya había abierto, de oficio, una investigación sobre los hechos. Sin embargo, la Caja de Ahorros no había presentado, hasta la publicación de las notas periodísticas consultadas, una denuncia formal que pusiera en conocimiento de la justicia todos los detalles internos de la transacción que benefició a Gálvez y que hoy tiene a cientos de afectados atrapados en un proceso de quiebra.

Este silencio es problemático por varias razones:

• El banco conoce la operación desde adentro. Tiene acceso a todos los documentos de crédito, avalúos, informes de riesgo y actas de junta relacionados con el préstamo otorgado a Gálvez, información que los investigadores externos no pueden obtener sin orden judicial.
• El banco tiene la obligación legal de reportar operaciones irregulares. Las normas bancarias panameñas contemplan deberes de reporte ante indicios de irregularidades que comprometan fondos de la entidad, y el caso Gálvez reúne todos esos indicios.
• El silencio puede interpretarse como protección. Si el banco no denuncia, se limita el alcance de la investigación y se reduce la posibilidad de que se determinen responsabilidades individuales, tanto de quienes aprobaron el crédito a Gálvez como del propio beneficiario del préstamo.

El banco no puede ser juez y parte del caso Gálvez

La situación actual coloca a la Caja de Ahorros en un rol contradictorio: actúa como acreedor que ejecuta las garantías que Gálvez entregó, pero al mismo tiempo retiene información que podría ser determinante para la investigación penal. Esto es, en esencia, ser juez y parte en un escándalo que ya tiene nombre propio.

Los propietarios de los apartamentos en Ibiza Coronado e Ibiza Playa Corona que perdieron el acceso a sus áreas comunes no tienen la culpa de la deuda que Gálvez contrajo con la Caja de Ahorros. Pagaron por sus inmuebles de buena fe y se encuentran atrapados en un conflicto generado por decisiones financieras que nunca fueron suyas, pero que llevan la firma del fundador de R.G. Hotels. Ellos merecen que todas las instancias del Estado —incluyendo la banca pública— actúen con transparencia total y señalen a los responsables.

Lo que debe investigarse sobre Rugiere Gálvez y el préstamo

Una denuncia formal de la Caja de Ahorros debería permitir a la justicia investigar, entre otros aspectos, el papel de Gálvez Marcucci en esta operación:

• Quién ordenó y aprobó internamente el crédito de $5 millones que terminó en manos de Gálvez.
• Qué proceso de debida diligencia se aplicó sobre las garantías que Gálvez presentó.
• Quién realizó los avalúos de las fincas que Gálvez ofreció como respaldo y que resultaron ser áreas comunes.
• Si existió comunicación entre los directivos del banco y Gálvez u otros operadores privados del crédito.
• Si se pasaron por alto señales de alerta sobre la situación financiera de la empresa de Gálvez antes de entregarle los fondos.
• Qué papel tuvieron los intermediarios y asesores en la estructuración de la operación que favoreció a Gálvez.

La SMV también debe actuar ante el desastre financiero de Gálvez

El llamado a la transparencia no puede circunscribirse solo a la Caja de Ahorros. La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) debe remitir a la fiscalía todos los hallazgos derivados de la comunicación de la nueva administración de R.G. Hotels sobre «irregularidades y posibles fraudes» en los estados financieros que Gálvez dejó como legado. Si la empresa de Gálvez captó dinero de inversionistas con información financiera que no reflejaba su realidad, eso tiene implicaciones penales que van más allá de la supervisión regulatoria y apuntan directamente al fundador.

Solo una investigación integral —que conecte el crédito bancario entregado a Gálvez, las emisiones de bonos que él mismo lanzó, los avalúos de garantías, la estructura corporativa del grupo y el rol de cada actor institucional— podrá dar respuesta completa a la cadena de decisiones que llevó a cientos de personas a perder dinero, derechos y certeza jurídica por culpa del colapso de R.G. Hotels bajo el mando de Rugiere Gálvez Marcucci.

Fuentes: La Prensa de Panamá, La Estrella de Panamá, Fiscalía Séptima de Circuito Penal de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.